Desde la ocurrencia de la masacre de Tlatelolco en la década del 60, hasta el asesinato masivo de dirigentes sociales rurales en Colombia durante los últimos años, pasando los sucesos ocurridos en Ayotzinapa, (también en México), hace sólo siete años, la militarización de la acción represiva del Estado, con participación activa de grupos de civiles paramilitares , a las organizaciones y dirigentes sociales y políticos en los países de la Región, se transparenta en sus respectivos países con características que expresan propósitos, inspiración, organización, programación y ejecución instalada en una “cabeza” común a cargo principalmente de labores de inteligencia y capacitación de sus ejecutantes. No por casualidad el primer contingente policial militarizado instalado en la llamada macrozona sur se llamó “comando jungla”, formado fuera de Chile, para actuar en un país que no tiene selva. Lo que está ocurriendo en la llamada macrozona sur es imposible entenderlo sin encuadrarlo en el contexto geopolítico latinoamericano.
Entre las características comunes que identifican los episodios asociados al fenómeno que comentamos podemos destacar en primer lugar el uso del negacionismo y pactos de silencio de sus protagonistas, así como los montajes y fake news, en colaboración con medios de comunicación, como técnicas usadas para hacer desaparecer de la memoria colectiva los resultados de su acción y asegurar la impunidad de sus autores.
Tlatelolco desapareció 25 años de la historia de México hasta que la desclasificación de documentos de la CIA esclareció su participación en los hechos junto a un grupo civil neofacista (el comando Lux) además de las fuerzas militares y policiales que actuaron en terreno.
Hoy, cientistas sociales mexicanos asocian estos hechos a los ocurridos hace sólo siete años en Ayotzinapa y exigen al actual Gobierno liderado por AMLO, además de resultados de las investigaciones aún en curso, el diseño y aplicación de una política oficial de recuperación de memoria, verdad y justicia e instrumentos potentes para hacerla efectiva. ¿En Chile, el asalto a las estaciones del metro deberá esperar también 25 años para ser esclarecido?
La militarizarización de la acción represiva en los gobiernos de derecha, durante la década del 60, aunque sus operadores la justifican para enfrentar la acción de los focos guerrilleros que surge en la Región, apunta principalmente a organizaciones de jóvenes radicalizados que operan preferentemente en las Universidades.
En su máxima expresión esta estrategia se manifiesta en la llamada “operación condor” que la adoptan en forma conjunta los gobiernos militares que asumen el poder en las últimas décadas del siglo pasado. Comandos formados para actuar en zonas selváticas; cuyos integrantes, ya fuera de las esferas militares, siguen en actividad hasta hoy en Colombia, y, en su condición de civiles financiados y vinculados al narcotráfico asesinan a centenares dirigentes sociales.
En el curso de las últimas dos décadas, la estrategia se fue adaptando para enfrentar la acción de organizaciones, algunas politizadas, otras no tanto, que incorporan en su accionar la “rebeldía primitiva” (revueltas y estallidos ensuciadas con acciones de vandalismo y otros tipos de violencia) y en general, los efectos desintegradores del capitalismo salvaje neoliberal, como la delincuencia, el narcotráfico, e incluso las migraciones, (militarización de la custodia y protección de sitios urbanos estratégicos y policías fronterizas). Se crean también comandos especiales para aplastar demandas históricas levantadas por organizaciones de carácter feministas e indigenistas (comando jungla).
Un instrumento fundamental para implementar esta matriz de la estrategia geopolítica del país del norte son los diversos centros especializados de adoctrinamiento político y militar de líderes del continente que operan en lugares como Miami, Panamá o Colombia teniendo su eje operativo el CID, (Centro Interamericano de Defensa) fundado el año 1962 en Washington, a metros de la Casa Blanca, el Congreso y el Pentágono; el que, el año 2016 en uno de sus informes reconoce haber recibido en sus aulas a más de 2.700 alumnos provenientes de diversos países del continente (bananeros, los menos).
El conflicto del pueblo mapuche, es con el Estado, como ellos mismos lo han señalado. Con un Estado monárquico primero y con el republicano posteriormente. La lectura de la documentación disponible al respecto no admite una doble interpretación, su desenlace, que con toda seguridad se producirá, cuando se produzca será político y no militar. Por otro lado, esa es la forma en que se ha resuelto en los países en que se ha resuelto.
Cabe preguntarse, entonces, a quien favorece hoy el levantamiento del tema de la violencia a la superficie de la agenda y coyuntura política.
La pregunta es pertinente, sobre todo considerando que la vertiente militar del conflicto mapuche aflora con mayor fuerza a la superficie en un “momento constituyente”, donde, qué duda cabe, la demanda indigenista tiene absoluta prioridad. El momento, coincide, además, con la elección presidencial, donde el candidato que no esconde su inspiración ideológica facistoide, apoyado sin contrapeso por los medios de comunicación, ha tenido un relativo éxito en colocar en el centro del debate la contradicción orden versus violencia.
