MÁS ALLÁ DEL ESCARNIO PÚBLICO ……. A PROPÓSITO DEL “CASO AUDIOS” (2).

Esto es algo así como un juego de póker y sólo estábamos blufeando para sacarle más dinero a nuestros clientes.

Este parece ser el eje de la estrategia de la defensa del cuestionado abogado Hermosilla, así se ha transparentado al menos en los avances que conocemos del desenvolvimiento y resultados de la arista cuyos personajes involucrados fueron formalizados y sometidos a proceso, denominada “caso factop”.

Esto es, como revela el periodista Felipe Ramírez, investigador de CIPER,  en el programa de televisión “Stock disponible”,      producto del informe emitido por La Comisión del Mercado Financiero y del que aún no conocemos del Servicio de Impuestos Internos:

Los funcionarios sumariados de ambas instituciones, por participación en delitos de coimas y sobornos, ya fueron absueltos y devueltos a sus puestos de trabajo, por no haberse encontrado prueba de su participación en “las irregularidades” de las que se les acusa.

“No se encontraron incumplimiento de normas”, así de simple.

Después de esto, la absolución de culpas a todos los involucrados es sólo cuestión de tiempo; y de paso, se sanciona el “perdonazo”, de multas por tres mil quinientos millones de pesos no cancelados al Servicio de Impuestos Internos; cuestión que, por lo demás, forma parte de la rutina del servicio, cuando altos ejecutivos eluden o evaden el pago de sus obligaciones, y los encargados de cobrarlos se “olvidan de hacerlas pagar”, hasta que pasan a la condición de deuda prescrita.

Mientras esto ocurre y se continúan revisando las 700 mil páginas que arroja la trascripción de los “audios de Hermosilla” que, según ha trascendido, involucran a “pesos pesados” de la política chilena (ex ministro A. Chadwick, ex intendente G. Guevara y miembros de la familia Piñera incluidos), el actual vicepresidente de CIPER Carlos Peña, publica en su columna de “El Mercurio” la nota titulada  “Tiempos Kafkianos” donde, en resumen, cataloga de “inquisidora” la acción investigadora que llevan a cabo los funcionarios de investigaciones a cargo de revisar los audios, y el uso que, de la información contenida en ellos, posteriormente se haga, en especial la  vinculada con los delitos revelados allí en la relación de los abogados con sus clientes.

El artículo del vice presidente de CIPER, aparece después que otro prestigioso abogado del “círculo de Hermosilla”, Mario Vargas, ex socio de Chadwick interpone un recurso de protección para que la fiscalía no entregue los chats al C.D.E, porque contienen conversaciones de abogados con sus clientes resguardadas por el secreto profesional, y que,    al hacerse públicas los harán  objeto de “escarnio público”.

Aunque la Corte de Apelaciones ya rechazó el recurso, el propio abogado, de enorme prestigio en el ambiente la de las elites, adelantó que será repuesto en la Corte Suprema, la que seguramente no fallará antes que el trabajo investigativo acabe, y "los supremos" se percaten como aparecen allí  ellos y sus protegidos.

EL SESGO CLASISTA DE LA JUSTICIA CHILENA …. A PROPÓSITO DEL “CASO AUDIOS”

Todo parece indicar que “la doctrina Abbott” será lo que finalmente se impondrá en el desenvolvimiento y desenlace que tendrá el caso “Hermosilla”, “coimas”, “audios”, o como se quiera llamar para proteger a su principal implicado.

La “doctrina Abbott” es llamada así por haberse develado, en su más prístina expresión, en el proceso de uno de los casos emblemáticos de financiamiento ilegal de la política, en el cual el ex fiscal nacional juega un rol protagónico determinando lo que fue su desenvolvimiento y desenlace.

 Se trata del carácter de clase de la justicia chilena transparentada en la impunidad de los delitos de cuello y corbata, y, expresada en el reiterado descarte de la cárcel, como castigo afectivo de la justicia penal, cuando  los delitos son cometidos por altos ejecutivos y empresarios. 

En el pasado reciente hemos visto de todo en las “respetables” instituciones del poder judicial para conseguir que “los elefantes”, cometiendo delitos a vista de todos, no puedan ser atrapados y paguen sus culpas tras las rejas.

Por cierto, hemos sido testigos privilegiados de hechos políticos, asociados a comportamientos morbos, que van desde la asistencia regular de prominentes empresarios a clases de ética, o, el cobro generalizado de un inmenso número de conciudadanos de las “7 lukitas del papel confort” (me incluyo), hasta honorables senadores y otras autoridades declarándose culpables, y pagando multas ridículas, para   poder reelegirse en el cargo, o, no reintegrar al fisco las platas robadas.

Fenómenos que revisten la condición de insólitos como el que, altas autoridades de instituciones del sistema judicial, y otros servicios como Impuestos Internos, sean conminadas a no ejercer las acciones para las cuales las propias organizaciones fueron creadas, o, hacer desaparecer documentos públicos que comprometen a amigos y protegidos de autoridades revestidas de poder en la ocurrencia de delitos o “irregularidades”, sin dar explicación alguna, porque además nadie la pide.

 En resumen, “echar toda la tierra que sea necesaria” para tapar hechos y acciones deleznables que involucran a los “intocables”, que, en cualquier lugar causarían conmoción, pero en el poder judicial “forman parte de la rutina”, y los que no lo consideren así, terminan fuera del propio sistema (ex fiscales Gajardo y Arias, por ejemplo)

En el tema que hoy nos ocupa, (“caso audios”) a medida que pasa el tiempo nos enteramos de la ocurrencia de nuevos hechos donde, las mismas la autoridades y funcionarios de las mismas instituciones donde ocurre el escándalo, se ocupan de “echar tierra” y despejar el escenario, dejando que pase el tiempo para que nos olvidemos de aquello y “aquí no ha pasado nada”.

O sea, el mismo “trabajito” mediante el cual se hace famoso el fiscal Abbott transformado en doctrina.

Incluidos los “cabeza de turco” elegidos para purgar culpas menores y dar motivo a la prensa hegemónica para evitar decir que “aquí no ha pasado nada”

La sospecha viene de la ocurrencia de situaciones que van desde, el reiterado cambio de conceptos con el cual autoridades, voceros y periodistas identifican y se refieren al caso: “Hermosilla”, “coimas”, “audios”; o el descarado uso y manoseo del secreto profesional; hasta la columna publicada por un destacado periodista catalogando de “inquisidora” la acción de escuchar “audios privados”, (periodista que además forma parte del directorio de la Institución que destapó el escándalo);  pasando por el informe ya emitido por La Comisión del Mercado Financiero y el próximo a aparecer del  Servicio de Impuestos Internos donde los funcionarios sumariados por participación en los delitos de coimas y sobornos, (“supuestas irregularidades” en los documentos oficiales) ya fueron absueltos y devueltos a sus puestos de trabajo.

Al desarrollo de estos temas, enmarcados en la estrategia de defensa del “Elefante Hermosilla,” dedicaremos la próxima nota.   

LA CONDONACIÓN DEL CAE ES UNA NECESARIA HERRAMIENTA DE REPARACIÓN

"Debemos ayudar a aquellos que el Estado ha perjudicado. Es hora de borrar las deudas de miles de personas que pidieron prestado modestamente para su educación superior, pero terminaron en dificultades financieras debido a un sistema de créditos mal pensado por estar desarticulado de la realidad universitaria y laboral”.

“La condonación del CAE es justa. Porque la implementación del CAE fue una política pública que hizo daño, es la política pública la que debería trabajar para revertirla”

La cita corresponde a una afirmación hecha por el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano Álvaro Ramis en un artículo publicado en el diario La Tercera y reproducido en una revista de la propia Universidad.

Con ella, implícitamente, hace un símil con la consabida frase que justificaba y daba fundamento a la reparación que el Estado democrático debía hacer al daño provocado por el Estado fascista, en materia de violación a los derechos humanos.

Por cierto, ambos daños no son, ni de lejos, comparables, pero en este caso la dimensión política es más fuerte porque el daño lo provocó el propio Estado democrático.

Respecto de ello, el mismo artículo pone énfasis en el costo que han pagado, y aún pesa sobre los hombros de los muchachos que abandonaron los estudios sin haber completado su carrera, todos los cuales pertenecen a los estratos más bajo de la sociedad, porque el ingreso y permanencia de los pobres en la educación superior, dice relación no sólo con el pago de los aranceles, sino que tiene causas más estructurales. 

En efecto, según la pluma del Rector: “la morosidad y el impago del CAE dejan una mancha duradera en los registros crediticios, impidiendo que la gente afectada acceda a créditos hipotecarios, pueda arrendar un departamento y les dificulta la obtención de un mejor empleo”.

Por otro lado, agrega la autoridad universitaria, cobrarles es costoso para las propias universidades y muchas veces el crédito lo pagan las mismas instituciones de educación superior en tanto fiadoras en última instancia.

Entonces, al permitírsele a estas personas afectas a la condición de morosidad, volver a tener acceso al crédito, a la vivienda y al mercado laboral, la condonación del CAE puede tener un efecto real en sus vidas y en la economía del país.

Según datos emanados del Gobierno, los desertores que aún tienen deuda serían 176.289 personas y el costo de su condonación alcanza a los US$ 1.240 millones (0, 4% del PIB). Una cifra manejable administrativamente.

Esta propuesta de condonación o cualquier otra de las varias que circulan en el ambiente, debiera ir acompañada de una nueva política de financiamiento de aranceles, para implementarse, dosificadamente y en un tiempo prudente, pero que al final “dialogue” con la gratuidad, para que el problema no se vuelva a presentar en el mediano y largo plazo.

Considerando también que, tan sólo hasta el año 1981, la universidad era casi gratuita.

Esta propuesta debería considerar también a los deudores morosos o no, que no responden a la categoría de desertores.