"Debemos ayudar a aquellos que el Estado ha perjudicado. Es hora de borrar las deudas de miles de personas que pidieron prestado modestamente para su educación superior, pero terminaron en dificultades financieras debido a un sistema de créditos mal pensado por estar desarticulado de la realidad universitaria y laboral”.
“La condonación del CAE es justa. Porque la implementación del CAE fue una política pública que hizo daño, es la política pública la que debería trabajar para revertirla”
La cita corresponde a una afirmación hecha por el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano Álvaro Ramis en un artículo publicado en el diario La Tercera y reproducido en una revista de la propia Universidad.
Con ella, implícitamente, hace un símil con la consabida frase que justificaba y daba fundamento a la reparación que el Estado democrático debía hacer al daño provocado por el Estado fascista, en materia de violación a los derechos humanos.
Por cierto, ambos daños no son, ni de lejos, comparables, pero en este caso la dimensión política es más fuerte porque el daño lo provocó el propio Estado democrático.
Respecto de ello, el mismo artículo pone énfasis en el costo que han pagado, y aún pesa sobre los hombros de los muchachos que abandonaron los estudios sin haber completado su carrera, todos los cuales pertenecen a los estratos más bajo de la sociedad, porque el ingreso y permanencia de los pobres en la educación superior, dice relación no sólo con el pago de los aranceles, sino que tiene causas más estructurales.
En efecto, según la pluma del Rector: “la morosidad y el impago del CAE dejan una mancha duradera en los registros crediticios, impidiendo que la gente afectada acceda a créditos hipotecarios, pueda arrendar un departamento y les dificulta la obtención de un mejor empleo”.
Por otro lado, agrega la autoridad universitaria, cobrarles es costoso para las propias universidades y muchas veces el crédito lo pagan las mismas instituciones de educación superior en tanto fiadoras en última instancia.
Entonces, al permitírsele a estas personas afectas a la condición de morosidad, volver a tener acceso al crédito, a la vivienda y al mercado laboral, la condonación del CAE puede tener un efecto real en sus vidas y en la economía del país.
Según datos emanados del Gobierno, los desertores que aún tienen deuda serían 176.289 personas y el costo de su condonación alcanza a los US$ 1.240 millones (0, 4% del PIB). Una cifra manejable administrativamente.
Esta propuesta de condonación o cualquier otra de las varias que circulan en el ambiente, debiera ir acompañada de una nueva política de financiamiento de aranceles, para implementarse, dosificadamente y en un tiempo prudente, pero que al final “dialogue” con la gratuidad, para que el problema no se vuelva a presentar en el mediano y largo plazo.
Considerando también que, tan sólo hasta el año 1981, la universidad era casi gratuita.
Esta propuesta debería considerar también a los deudores morosos o no, que no responden a la categoría de desertores.
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