La ocurrencia de sucesos, asociados a la movilización estudiantil secundaria (con grados de radicalidad hasta ahora desconocidos) en el centro de Santiago, pueden ser interpretados como protagonizados por jóvenes cuya inexperiencia política agudiza la intuición premonitoria en la encrucijada política que vive hoy Chile. Pero también como erradas conductas gravemente influenciadas por experimentados políticos, que con diferentes propósitos están interesados más bien en extender e intensificar la grave crisis de seguridad ciudadana que sufre el país y el gobierno muestra dificultades en su abordaje y solución.
El "mochilazo", (año 2001) evento al cual no nos vamos a referir en esta oportunidad, corresponde a la primera manifestación protagonizada por los estudiantes en Chile, después del tránsito a la democracia, su motivación fue protestar contra la disminución de beneficios tales como tarifas de transporte subsidiadas
II
El año 2006 los estudiantes secundarios protagonizan un movimiento que parte con la demanda por el mejoramiento de la infraestructura de un colegio ubicado en Talcahuano, al cual sus estudiantes decían que asistían a clases con paraguas, y no es chiste.
Al subestimar su significación política la autoridad demora su reacción, y la protesta escala al plano nacional, se radicaliza y se focaliza en la demanda por el cambio de la ley orgánica de educación secundaria que había firmado Pinochet días antes de abandonar el Gobierno.
Después de una huelga que en su momento pic convoca sobre un millón de estudiantes, la solución se institucionaliza, instalando en el Congreso el proyecto destinado al cambio del mencionado sistema normativo, proceso que se prolonga por casi dos años y concluye con la elaboración de una nueva ley que, al momento de ser despachada, es vitoreada con el brazo en alto por un conjunto de congresistas liderados por los presidentes de las comisiones de educación y constitución y la propia Ministra de Educación Yasna Provoste.
Ello, no obstante que el "aroma gatopardista" del engendro legal elaborado se había generalizado y percibido en todo el país.
La demanda por la democratización de la nueva ley orgánica de educación se había desarraigado. Por otro lado, correspondió a una Ministra recién nombrada firmarla, la que tubo la osadía de difundirla en actos públicos a través del país. En uno de estos actos, una anónima estudiante, que después supimos era poseedora del dulce nombre de, Música, le lanza un vaso con agua en la cara a la autoridad. "Es la expresión de nuestra impotencia", respondió cuando le solicitaron señalara las razones de su conducta.
El hecho lo recordamos porque la "revuelta de los pinguinos" ocurre un año después que el Presidente Lagos firma la reforma a la constitución de Pinochet. Presentando una prueba irredarguible que ninguna reforma constitucional daría el ancho para desatar los candados que en ella puso Jaime Guzmán para bloquear cualquier proceso democratizador.
Fue, por cierto, uno de esos eventos que los historiadores califican de premonitorios.
III
No fue sino hasta el año 2011 que se generaliza la lucha para elaborar por primera vez en Chile una Constitución verdaderamente democrática mediante una Asamblea Constituyente, libre, soberana, democrática y representativa.
Su detonante fue nuevamente una revuelta estudiantil, centrada en la lucha por el derecho a la educación. Derecho que era imposible garantizar sin una reforma constitucional, que empoderara al Estado para jugar roles determinantes en la apropiación de los frutos generados por las fuentes de riquezas que el país posee y en la administración de las rentas que el sistema económico es capaz de generar.
Como se sabe, el movimiento en el ámbito universitario se mantuvo por más de 8 meses y sólo se consiguió una gratuidad limitada a una fracción de estudiantes financiados con recursos canalizados desde el presupuesto nacional y negociado cada año en el Congreso. Paralelamente se extendió el CAE, operando como negocio para los bancos que mantiene hoy endeudado a más de un millón de estudiantes que lo solicitaron.
Nuevamente la constitución de 1980 reformada el 2005 operó como dique de contención a los los esfuerzos de la sociedad civil por democratizar el derecho a la educación.
Los estudiantes secundarios se incorporaron al movimiento aunque con una fuerza menor respecto del 2006, y su presencia fue opacada por el protagonismo de los universitarios; ratificando sus demandas por mejorar las condiciones de estudio en las aulas y modificar ahora de verdad la ley orgánica. El descuelgue paulatino de los movilizados a lo largo de la prolongada movilización se produjo a medida que las demandas específicas del primer punto se fueron satisfaciendo, con respecto al segundo punto, parte de los que aún permanecían en paro al final del año, aceptaron el ofrecimiento de la autoridad de rendir exámenes libres para evitar la repitencia, un selecto grupo rechaza el ofrecimiento optando por sacrificar el año y honrar la defensa de sus principios.
Nuevamente se transparenta en toda su expresión la preferencia de la autoridad por privilegiar el hacer valer los candados institucionales y no tocar la constitución del 80 cuando se trata de herir intereses para ganar derechos
IV
En los días previos al 18.O los estudiantes secundarios surgen nuevamente al primer plano de la escena política saltando los torniquetes. Lo que sucede posteriormente lo conocemos, baste sólo recordar la consigna del estallido social que este hecho desencadenó: "no son 30 pesos sino 30 años", y lo que se vislumbra en el cercano horizonte como desenlace del estallido, un proceso constituyente con resultado aún incierto.
Lo que está sucediendo hoy con la movilización de los secundarios en el centro de Santiago es serio. La autoridad comunal ha dicho que aunque son secuelas de administraciones anteriores, lo que sucede hoy corresponde abordarlo y resolverlo a este Gobierno. Hay que hacerlo antes que escale a otras dimensiones, en un momento donde el país está llamado a tomar decisiones trascendentales.
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