Se aproxima la fecha en que las nuevas autoridades deberán hacerse cargo de la conducción del nuevo Gobierno.
Cuando ello se produzca, desde el primer día, deberán abordar con eficacia y profesionalismo la administración, el manejo y la gestión de las instituciones que forman parte del aparato de Gobierno.
La obviedad de lo señalado cobra significación política cuando consideramos que en el escenario político del momento en que ello se va a producir, se deben considerar al menos dos fenómenos cuyo abordaje requiere, “un tratamiento de urgencia y con cirugía mayor”, diferente, por cierto, a las recetas adoptadas por el actual Gobierno, (tomadas del recetario sugerido por el neoliberalismo) que ya han demostrado su ineficacia.
Nos referimos a la pandemia, que hoy transcurre en un momento particularmente complejo, y la seguridad nacional transparentada en un monstruo de cuatro cabezas, el narcotráfico, las migraciones, la delincuencia barrial y la forma que ha adoptado en algunos sectores del pueblo mapuche su conflicto con el Estado.
Lo anteriormente señalado no puede hacernos perder de vista que, el factor identitario que diferenciará el nuevo gobierno con sus pares transcurridos en el pasado reciente serán las transformaciones que sea capaz de materializar, las que están debidamente identificadas en el programa de Gobierno.
El compromiso con el cumplimiento del programa es, por cierto, el factor que legitima a las autoridades de primer y segundo nivel recientemente nominadas, como se ha señalado desde el momento que el nombre de ellas fue dado a conocer.
Mientras el manejo eficiente de las tareas relacionadas con la administración y gestión se hará sentir de inmediato en la vida cotidiana de los ciudadanos, serán las transformaciones, cuyos efectos seguramente se harán sentir en el mediano y largo plazo, las que darán forma al legado que todo gobierno quiere dejar y, en lo inmediato, transparentar que algo nuevo está por nacer.
Las reformas a los sistemas previsional, policial y laboral, (por nombrar sólo tres), no admiten más demoras y; las tramitaciones de que ya han sido objeto, tampoco soportan nuevos aplazamientos. Lo mismo corresponde decir, por cierto, en lo referente a una reforma tributaria que proveerá los recursos fiscales para la implementación de los cambios que los requieran.
Al respecto, y a manera de gestos, (que todo nuevo gobierno requiere hacer para perfilarse frente a la ciudadanía), desde el ejecutivo se podría solicitar la disminución de los tiempos de tramitación a los proyectos actualmente en trámite en el Congreso que dicen relación con los temas mencionados, como la jornada laboral de 40 horas, el aumento del salario mínimo, el impuesto a los super ricos y la revalorización del royalty minero. Temas que, como se sabe, cuentan con una manifiesta aprobación ciudadana y su rechazo provocaría tensiones en un Congreso cuya disponibilidad para aprobar cambios de mayor envergadura está por verse.
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