El gobierno que asume el próximo 11 de marzo deberá abordar desde el primer minuto tres transformaciones ineludibles: la instalación de un sistema previsional de reparto en reemplazo del agónico sistema de capitalización, el cierre del ciclo de transición hacia un sistema educacional basado en la gratuidad, incluyendo el pago de la deuda CAE, (ciclo que se abre justamente cuando sus principales figuras surgen a la vida política como dirigentes estudiantiles).
En tercer lugar deberá saldar la deuda pendiente durante los treinta últimos años con los trabajadores, expresada en las demandas contenidas en el proyecto de reforma laboral tramitada en el Gobierno de Bachelet 2; boicoteada primero por los congresistas demócrata cristianos liderados por Andrés Zaldívar, y muerta finalmente en el tribunal constitucional, demandas a las que habría que agregar hoy las 40 horas, el aumento del salario mínimo y la participación de los trabajadores en los directorios de las empresas públicas.
En el resto de las reparticiones sectoriales así como en otros dos sectores sociales, una administración eficiente bastará para aprobar. En salud, por ejemplo, para abordar el manejo de la pandemia así como en la solución al tema de las listas de espera, lo que se requieren más bien son recursos, y mayor protagonismo del Estado por cierto. Al igual que en la anhelada solución del déficit habitacional, principal causa de aumento de los campamentos y el hacinamiento en los sectores vulnerables.
Antes del diseño e implementación de una estrategia que complemente transformaciones y administración, las autoridades que se hacen cargo del nuevo gobierno, en especial el “círculo de hierro” al que concurren los ministros del área política, deberán ponerse el casco y vestirse con traje de bombero para apagar el incendio que se llama “seguridad nacional” y cobra presencia hoy en cuatro focos actualmente operativos: la delincuencia, el narcotráfico, las migraciones y la radicalización del conflicto en el Wallmapu.
Las autoridades nominadas el pasado 21 de enero, con el poder que les otorga la investidura que adquieren el próximo 11 de marzo y los recursos que el flamante ministro de hacienda logre tramitar en un congreso con mayorías difíciles de alcanzar, deberán recurrir, con imaginación y audacia, a toda la experiencia política que poseen y las capacidades técnicas transparentadas en sus currículum para enfrentar con éxito los desafíos que se les vienen, expresados en el programa de gobierno que todos ellos se han comprometido a honrar.
Por nuestra parte nos atrevemos a señalar que, por la magnitud y significación de las tareas que se deben abordar, su éxito en una medida importante dependerá de la presencia de un pueblo alerta, vigilante, empoderado e incorporado al escenario político como actor y protagonista.
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