EL PERSISTENTE ESFUERZO POR DAR PISO A LA INCURSIÓN DE LOS MILITARES EN POLÍTICA

 EL PERSISTENTE ESFUERZO POR DAR PISO A LA INCURSIÓN DE LOS MILITARES EN POLÍTICA.

 Durante los días anteriores hemos sido testigos de dos hechos que tuvieron como común denominador la instalación del tema de la violencia en la política (sacándolo del ámbito del debate puramente ideológico): la remoción, con propósitos de restauración, de la estatua del General Baquedano y (a propósito de escopeta) la entrevista en un canal de televisión al Comandante Ramiro acompañado del reconocido historiador .....Gabriel Salazar. Ambos hechos contribuyeron a conseguir, en parte, un largo anhelo pretendido por el Gobierno y la ultraderecha: dar un piso a la incursión de los militares en el escenario político con el propósito de enturbiar el proceso constituyente, las elecciones que se avecinan, y con ello, intentar contener las transformaciones que traerán consigo.

Su anhelo de abrir espacios en el escenario político a los militares, Piñera lo manifiesta por primera vez aquella noche de octubre de 2019, cuando le declara la guerra a los ciudadanos que ocupaban las calles, a lo cual el General Iturriaga, jefe de la zona militar de Santiago respondiendo a una consulta de los periodistas señala: "yo no estoy en guerra con nadie.......soy un hombre feliz".

En el capítulo de "su guerra" con el pueblo mapuche podemos mencionar escenas emblemáticas, partiendo por la cinematográfica presentación del "comando jungla" hasta concluir, con el mega operativo de allanamiento policial a la comunidad de Temocuicui que concluye con el decomiso de 5 matas de marihuana, y el desaire a la Presidenta del Senado por negarse frente a los periodistas a dar el piso político que se le estaba solicitando para militarizar la macrozona sur, sin mencionar los "enfrentamientos" que terminaron en tragedias por respeto a las víctimas.

También con el mismo propósito se ha pretendido involucrar a los militares en labores policiales que dicen relación con el control de la migración ilegal y narcotráfico por pasos fronterizos no habilitados, así como en la custodia de los llamados "sitios y servicios estratégicos".

Ha trascendido que, en las reuniones de los mandos militares con las autoridades civiles ocurridas para protocolizar los procedimientos y conductas asociadas a las acciones solicitadas, en la macro zona sur, los primeros se han hecho acompañar de abogados para delimitar legalmente responsabilidades de posibles resultados que arrojen tales acciones, o sea, apoyo político y reglas claras 

Esta judicialización de la relación Gobierno FF.AA que ha derivado en algunos casos en negativa de intervenir en acciones solicitadas sin garantizar soporte político,  se ha hecho pública en la famosa entrevista  publicada en El Mercurio a Cristián Barra representante del Gobierno en la macrozona: se niegan a hacer su pega, “Siempre son reticentes, me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”

Es lo que parcialmente se ha superado con la declaración del Almirante Edmundo González pidiendo autorización para “liquidar la violencia terrorista en la macrozona en 72 horas” o el “comunicado oficial del ejército” que trata a compatriotas, que participaron en la quema de la estatua de “cobardes, desadaptados, antisociales y antichilenos”; para culminar con el mitin de desagravio por la quema de la estatua en el que participan preferentemente militares en retiro procesados por violación a los derechos humanos ocurridos en la dictadura liderados por J.A Kast y el Rojo Edwards

Los sucesos que comentamos se dan en un delicado contexto donde predominan hechos que por su gravedad merecen ser leídos y analizados en editoriales específicas que publicaremos próximamente. Nos referimos por un lado al fracaso que ha experimentado el Gobierno en la tarea de garantizar el orden público, las condiciones de seguridad y contener el aumento y profundización de la delincuencia en los barrios no obstante el uso y abuso de instrumentos represivos solicitados y otorgados por el Congreso. Y por el otro al errático manejo de la pandemia, respecto de la cual nos hemos referidos en editoriales anteriores, habiendo prácticamente perdido su control; lo que ha llevado a respetables instituciones y personas a solicitar explícitamente cuarentena nacional con suspensión de las elecciones incluida.

CONFLICTO EN LA MACRO ZONA SUR, SITUACIÓN ACTUAL DE LA PANDEMIA Y FECTOS DE SU MANEJO EN CHILE

 1.- EL CONFLICTO DE LA MACRO ZONA SUR.

La demanda histórica del pueblo mapuche es su reconocimiento como nación autónoma. El debate constitucional es un espacio que ha favorecido su discusión, de sancionarse en la nueva Constitución la legitimidad histórica que da fundamento a la existencia de la Nación Mapuche se habrá dado un paso fundamental para su materialización.  Esta materialización requiere, sin embargo, tal como ha sucedido en otros lugares donde ello se ha conseguido, un proceso de negociación donde estén presente los sectores involucrados, o sea, las comunidades y los empresarios, dueños “legales” de los territorios que las comunidades demandan, los que seguramente solicitarán una reparación, junto a un tercer agente que avale lo allí acordado y supervise su cumplimiento.

La solución a la demanda mapuche es por ello política. Cabe preguntarse entonces a quien favorece la escalada de violencia de la que hemos sido testigos desde hace algún tiempo a esta parte. Qué objetivos persigue la militarización que con tanta persistencia ha pretendido el Gobierno.

Si bien podría argumentarse que para algunos sectores determinadas acciones de fuerza contribuirían a visibilizar la demanda en momentos políticamente interesantes, hay hechos que definitivamente no cuadran con esta reflexión, como por ejemplo el robo de madera, que no sería difícil de investigar por aparatos de inteligencia profesionales considerando que la madera robada va primero a sitios de aparcamiento y posteriormente a empresas que las compran y forman parte del “ambiente del negocio”. Algo similar podría señalarse sobre el tema del narcotráfico que ha aflorado en los últimos meses, aun cuando lo visibilizado no sean más que algunas matas de marihuana.

Tal como en épocas pasadas han trascendido hechos de violencia asociados a conflictos familiares relacionados con herencia, en la actualidad afloran también actos violentos asociados a conductas de corrupción protagonizadas por dispositivos policiales encargados de la “protección” y hasta acciones de   castigo a pequeños propietarios por la negación a ser despojados de su patrimonio al puro estilo farwest.

De esta forma junto con denunciar, oponerse y rechazar la militarización de la macro zona sur, que sólo pretende aplastar la demanda de autonomía y reivindicaciones del pueblo mapuche los sectores progresistas deberán exigir el uso de los aparatos de inteligencia y dispositivos policiales para investigar, abortar y resolver los oscuros temas aquí denunciados y aclarar las situaciones confusas protagonizadas por grupos armados de derecha.

 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PANDEMIA Y EFECTOS DE SU MANEJO.

 A un año de la aparición del primer caso de Covid 19 en Chile, los expertos han denunciado un grave aumento de casos que, según lo han pronosticado algunos, alcanzan para caracterizar el inicio de un peligroso rebrote.

En el curso del año, el Gobierno ha transparentado un comportamiento de manejo que no difiere mucho del experimentado por todos los países que han adoptado el modelo de desarrollo neoliberal. Eso es, en lo fundamental, un comportamiento errático producto de situaciones derivadas del “descuartizamiento” del sistema público de salud que ya se arrastraba por algunos años y el actual Gobierno profundizó, el privilegio de la economía por sobre la salud a la hora de tomar decisiones, el uso prioritario de los recursos disponibles y acción del Estado para el salvataje de la mediana y gran empresa en desmedro de la pequeña y microempresa, sus trabajadores y la protección de los sectores vulnerables. Y sobre todo el irresponsable comportamiento asociado a la consideración de las acciones y reacciones a los efectos del virus como oportunidades de negocios

En tales condiciones el legado de la pandemia es un terreno fértil para defender hoy, en marco del debate constitucional el rol de los sistemas públicos para garantizar no sólo salud a los sectores más vulnerables sino también, acceso a la educación, vivienda y previsión a los sectores mayoritarios de la población

Ello se transparenta especialmente hoy cuando el propio Gobierno destaca la aplicación del proceso de vacunación en sus etapas iniciales, en el momento oportuno, cuestión que como lo hemos dicho antes ha sido posible gracias a la complementación de una gestión eficiente, la disponibilidad de recursos financieros y capacidad de endeudamiento (acción previsora de gobiernos anteriores) . Pero en lo fundamental gracias a la participación determinante que le ha correspondido jugar a los recursos humanos y materiales disponibles en el sistema de atención pública de salud y en especial la red de atención primaria.